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El aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas en México ha sido objeto de duras críticas por parte de expertos fiscales y académicos, quienes lo califican como una política tributaria ineficiente, regresiva y desarticulada de sus fines extrafiscales.
A más de una década de su implementación, el impuesto no ha logrado modificar los patrones de consumo ni ha contribuido significativamente a la reducción de enfermedades metabólicas como la obesidad y la diabetes.
Durante el XXVI Seminario Nacional y XIII Internacional sobre la importancia de la Investigación en la Ciencia Jurídica, realizado en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM, investigadores nacionales e internacionales expusieron las consecuencias económicas y sociales derivadas del actual esquema fiscal aplicado a las bebidas azucaradas.
Uno de los puntos más destacados fue la falta de correspondencia entre el objetivo declarado del impuesto —mejorar la salud pública— y su diseño operativo.
De ahí que, en la presentación del libro “Impuestos a las bebidas azucaradas: ¿la regulación actual del IEPS es eficiente, coherente y cumple su fin extra fiscal?”, se subrayó que el incremento del gravamen responde más a una lógica recaudatoria que sanitaria.
El Dr. Gerardo García Silva, profesor de la FES Acatlán, evidenció que, aunque la recaudación derivada del IEPS supera los 41 mil millones de pesos anuales, no existe una asignación clara de esos recursos a programas específicos de prevención o atención médica.
“El remedio puede terminar siendo más caro que la enfermedad”, señaló, al insistir en la necesidad de una reforma fiscal integral con criterios de progresividad, eficiencia y transparencia en el gasto público.
Desde una perspectiva internacional, el Dr. Argos Campos Ribeiro Simões, juez presidente del Tribunal de Impuestos y Tasas del Estado de São Paulo, calificó al IEPS como un “error económico tributario”.
Argumentó que este tipo de impuestos recae desproporcionadamente sobre los hogares de menores ingresos, lo que lo convierte en un instrumento fiscal regresivo que contradice los principios de equidad y justicia tributaria.
Este análisis fue reforzado por el Dr. Allan Fallet, profesor de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, quien recordó experiencias similares en economías como Reino Unido y Dinamarca, donde este tipo de gravámenes no solo no lograron sus objetivos en salud pública, sino que distorsionaron los mercados y generaron externalidades negativas en los sectores productivos.
En México, el impacto también se extiende al ámbito económico dijo la Dra. Elba Jiménez Solares, académica de la FES Acatlán, quien advirtió que el aumento a $3.0818 pesos por litro de refresco tiene consecuencias estructurales sobre sectores vulnerables.
Según datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), más de 60 mil pequeños negocios podrían verse afectados por el encarecimiento del producto, lo que se traduce en pérdida de ingresos y empleos.
Asimismo, la académica subrayó que la medida vulnera derechos fundamentales como la alimentación y el trabajo, al tiempo que contraviene lo establecido en la Constitución Mexicana sobre la proporcionalidad y equidad de las cargas fiscales.
Los participantes del seminario coincidieron en que es urgente replantear el diseño del IEPS sobre bebidas azucaradas, apostando por una política fiscal basada en evidencia, con mecanismos compensatorios y un enfoque redistributivo.
Esto implica no solo revisar el destino de los recursos recaudados, sino también valorar alternativas regulatorias que no afecten desproporcionadamente a los sectores de menores ingresos ni debiliten la competitividad de los pequeños comercios.
En resumen, la medida, lejos de cumplir sus fines extrafiscales, ha profundizado desequilibrios económicos y sociales. El llamado de los especialistas es claro en medida que urge una reforma tributaria que esté alineada con principios de justicia fiscal, eficiencia económica y responsabilidad social.
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