Ecuador enfrenta un deterioro inédito de su entorno institucional tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto 2023. Esa tragedia expuso un colapso en la gobernanza y un ascenso sin precedentes de la violencia política, factores que socavaron la capacidad del Estado para contener la inseguridad y la corrupción. El país refleja los riesgos crecientes que enfrentan los inversores en mercados emergentes.
El sector de inversión extranjera directa sufrió una caída del 58 % en 2023, con ingresos reducidos a 372,3 millones de dólares. Esa erosión se centró en proyectos de petróleo y minería, donde los retrasos provocados por protestas ciudadanas y escándalos de corrupción frenaron la llegada de capital. No obstante, emergen nichos con potencial como energía renovable e infraestructura digital.
Riego soberano y afectación en inversión extranjera directa
Las calificadoras deterioraron la deuda ecuatoriana al nivel CCC+ en 2023, citando riesgos elevados derivados de la inestabilidad institucional y el incremento de homicidios. El índice de riesgo país escaló a más de 2000 puntos ese mismo año, aunque alcanzó 1 282 puntos hacia abril 2025 con el impulso parcial del nuevo gobierno. El respaldo del FMI mediante un préstamo de 6 500 millones de dólares y la declaración de “conflicto armado interno” reflejan la tensión entre necesidades fiscales y desafíos de seguridad.
Asimismo, el mandatario Daniel Noboa impulsó la iniciativa “Ecuador Open for Business” con la meta de atraer 30 000 millones de dólares hacia 2026. El plan incluye la creación de zonas francas y estímulos fiscales para energía renovable. Sin embargo, persisten obstáculos estructurales como la politización del poder judicial y la ineficiencia burocrática.
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La disrupción institucional está en el centro del escenario. La baja confianza en el sistema legal y la evidencia de redes criminales entrelazadas con cargos públicos complican la implementación de políticas. El ambiente político continúa siendo hostil para reformas sostenibles, lo que impone un costo elevado al clima de negocios.
El repunte de homicidios, situado en 44,5 casos por cada 100 000 habitantes en 2025, marca una cifra estremecedora que presiona sobre la estabilidad social y el atractivo económico. Esa presión estructural plantea un desafío democrático y financiero que el país aún no ha logrado revertir.
