El fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que invalidó buena parte de los aranceles de Trump abrió un nuevo frente económico y político. Diversas asociaciones empresariales pidieron compensaciones para las compañías que asumieron el costo de esas tarifas durante su vigencia.
La agrupación de pequeñas empresas “We Pay the Tariffs” sostuvo que la decisión judicial carece de impacto real si no existe un mecanismo de reembolso. Su director ejecutivo, Dan Anthony, afirmó que miles de negocios pagaron aranceles que ahora fueron declarados inválidos y requieren alivio financiero concreto.
Aranceles de Trump bajo presión tras fallo judicial
Expertos en política comercial consideraron que el gobierno federal debe devolver los recursos recaudados bajo la ley de emergencia económica de 1977, utilizada para imponer aranceles a países como México y China. Scott Lincicome, del Instituto Cato, señaló que el proceso de reembolso podría implicar nuevos litigios y procedimientos administrativos.
La Federación Nacional de Minoristas también celebró la resolución del Supremo. Su vicepresidente de relaciones gubernamentales indicó que la decisión aporta certidumbre para fabricantes y comerciantes, y que eventuales devoluciones podrían traducirse en reinversión y mayor dinamismo económico.
De acuerdo con estimaciones citadas por medios estadounidenses, las solicitudes de reembolso podrían alcanzar hasta 120,000 millones de dólares. La magnitud del monto refleja el impacto acumulado de las tarifas en importadores y consumidores.
Reacciones políticas y debate comercial
El debate político se intensificó tras el fallo. El líder demócrata en el Senado calificó la resolución como una victoria para los consumidores y criticó la estrategia comercial de la administración anterior. En contraste, voces republicanas defendieron el uso limitado de poderes de emergencia, aunque reconocieron el alcance del correctivo judicial.
El desenlace judicial reconfigura el panorama comercial y deja abierta la discusión sobre el alcance de la autoridad presidencial en materia arancelaria, en un entorno donde el comercio exterior continúa siendo un eje central de la política económica.
