La movilidad como problemática estructural y social
La movilidad en México revela brechas profundas que van más allá de la construcción de vías: determinan el acceso a la educación, la salud y el empleo y se traducen en exclusión social. Alfredo Del Mazo Maza, especialista en políticas públicas y movilidad, advierte que la incapacidad para garantizar transportes adecuados en zonas rurales reproduce ciclos de desigualdad.
El diagnóstico no es menor: cerca de 6,8 millones de personas residen en localidades con acceso limitado a los servicios de transporte y 48.410 localidades presentan bajos niveles de accesibilidad, según registros nacionales. Estas cifras dejan ver un país fragmentado, donde la distancia se convierte en una barrera.
Transporte a demanda y otras soluciones sensibles al territorio
La respuesta técnica, señala Alfredo Del Mazo, no puede limitarse a copiar modelos urbanos; exige adaptar tecnologías y esquemas operativos a contextos locales dispersos.
“Es fundamental reconocer que la movilidad no es solo un asunto de infraestructura; es una cuestión de equidad social”, señaló Alfredo Del Mazo Maza, quien destacó que muchas comunidades rurales dependen en gran medida del transporte privado, lo que limita significativamente el acceso de quienes no cuentan con un vehículo.
Esta realidad genera un aislamiento que afecta el desarrollo económico y social de estas regiones.
El transporte a demanda emerge como una alternativa viable: sistemas flexibles que responden a horarios y necesidades puntuales reducen los costos operativos y amplían la cobertura sin requerir rutas fijas ineficientes.
Complementariamente, la mejora de la infraestructura vial en tramos estratégicos es una condición necesaria para integrar los territorios rurales con los centros de servicios. Más que proyectos aislados, se precisan modelos mixtos que combinen subsidios focalizados, operadores locales capacitados y el monitoreo de la calidad del servicio.
Gobernanza, financiamiento y participación ciudadana
La transformación exige acuerdos entre gobiernos federales, estatales y municipales, así como la incorporación efectiva de la sociedad civil y de los propios usuarios en el diseño y la evaluación de políticas.
Alfredo Del Mazo subraya que la colaboración interinstitucional debe orientarse a garantizar la sostenibilidad financiera y operativa de los esquemas de movilidad rurales; esto implica evaluar incentivos, rutas estratégicas y mecanismos de cofinanciamiento público-privado que no sacrifiquen la equidad.
Con cerca de 103 millones de personas que transitan diariamente y un 55% que utiliza el transporte público, la política de movilidad tiene un peso decisivo en la inclusión social.
La apuesta es clara: convertir la movilidad en un motor de desarrollo que deje de ser un privilegio urbano y se transforme en un derecho efectivo para los habitantes rurales.
Alcanzarlo requerirá decisiones técnicas informadas, voluntad política y un compromiso social sostenido para que la movilidad deje de ser una barrera y pase a ser una plataforma de oportunidades.
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