La balanza comercial agroalimentaria entre México, Estados Unidos y Canadá se inclina con fuerza hacia el norte del continente. Frente a este escenario, organizaciones campesinas han elevado una demanda crítica: incrementar la inversión pública nacional hasta representar al menos 40% del valor de la producción agropecuaria como medida de equilibrio frente a los subsidios masivos que otorgan Canadá y Estados Unidos a sus productores.
En el marco de la renegociación de las condiciones estructurales derivadas del T-MEC, la Unión de Ejidos de Puebla ha advertido que la desventaja para el campo mexicano no es únicamente comercial, sino estructural. Mientras que Washington y Ottawa destinan entre 40 y 60% del valor de su producción al apoyo directo a sus agricultores, México apenas destina entre 8 y 10%, generando un entorno de competencia distorsionada en su propio mercado interno.
Subsidios y asimetría: impacto directo en soberanía alimentaria
Este desbalance amenaza no solo la competitividad del campo nacional, sino su viabilidad a largo plazo. Los productores han señalado que, sin un piso parejo en términos de inversión pública, el Tratado limita severamente la capacidad de México para sostener su soberanía alimentaria y proteger el empleo rural.
Además, el modelo actual privilegia las exportaciones, especialmente hacia Estados Unidos, mientras se incrementan las importaciones de productos agrícolas básicos como maíz, trigo o leche. Esta dependencia erosiona la seguridad alimentaria interna.
En consecuencia, la Unión de Ejidos ha planteado no solo una reevaluación del capítulo agropecuario del T-MEC, sino una transformación estructural de la política pública. Esto incluiría elevar subsidios, fomentar la tecnificación del campo y reorientar las estrategias de comercialización hacia el mercado interno.
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