La investigación ministerial en torno a los 59 millones de litros asegurados en la comunidad de La Fragua, en el municipio de San José de Iturbide, Guanajuato, se desahoga mediante auditorías aduanales y el cotejo documental. Las indagatorias buscan validar la legalidad del combustible en Guanajuato, que permanece almacenado en 10 tanques de depósito, luego de que las autoridades locales intervinieron el inmueble el pasado mes de julio tras una revisión inicial originada en San Luis de la Paz.

Un esquema de resguardo logístico para terceros

La planta opera como un centro de custodia física y despacho temporal de hidrocarburos, sin facultades comerciales sobre los inventarios recibidos. Frente a los señalamientos iniciales sobre el volumen encontrado, la terminal precisó la naturaleza de su actividad en el sitio: «Es decir, las instalaciones solo prestan el servicio de almacenar y despachar el producto, pero no compran, no venden ni son propietarias de una sola gota del hidrocarburo que llega al lugar».

Propiedad corporativa de los hidrocarburos retenidos

El producto resguardado —clasificado en gasolina regular, premium y diésel— corresponde a firmas transnacionales con permisos vigentes ante la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía, entre ellas ExxonMobil, Shell y Marathon Petroleum. Estas multinacionales importan el carburante a México y emplean la infraestructura de San José de Iturbide como escala técnica para abastecer su red de gasolineras en la zona del Bajío y en estados vecinos.

Postura de especialistas y desahogo federal

Fuentes del sector energético y cronistas que dan seguimiento a la indagatoria coinciden en que no existen elementos para imputar irregularidades penales a la operación. Al contrastar el expediente ministerial con los antecedentes de la terminal, los analistas refirieron: «Hasta el momento, no hay ninguna prueba que vincule este cargamento con el huachicol ni con actividades ilícitas». A su vez, los expertos calificaron la intervención como una medida apresurada atribuible a un error de criterio de funcionarios del gobierno estatal. La liberación formal de los tanques dependerá de la entrega de los pedimentos de importación, los contratos mercantiles y las facturas fiscales ante el Ministerio Público Federal.

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