Italia rechazó las acusaciones del primer ministro francés, Gabriel Attal, quien calificó de “dumping fiscal” las medidas tributarias italianas. Desde Roma, el gobierno subrayó que su estrategia busca atraer inversión y sostener la competitividad de la economía, sin vulnerar compromisos europeos. El ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, enfatizó que las políticas italianas cumplen con las normas comunitarias y responden a un escenario económico que exige flexibilidad.
La controversia surge en un momento en que la zona euro enfrenta presiones para consolidar sus finanzas públicas. Francia argumenta que la reducción de cargas en Italia genera un desequilibrio en la competencia intracomunitaria. Del mismo modo, París advierte sobre un riesgo de fragmentación en la disciplina fiscal europea si se mantienen diferencias tan amplias entre los países miembros.
Respuesta italiana y contexto europeo
Roma defiende que los incentivos fiscales no son un privilegio injustificado, sino un instrumento para impulsar la inversión privada en sectores estratégicos. En consecuencia, funcionarios italianos señalan que acusar a Italia de dumping fiscal omite la diversidad de contextos nacionales, dado que cada economía enfrenta dinámicas distintas de deuda, inflación y crecimiento.
Por otro lado, esta disputa pone en evidencia las tensiones recurrentes entre París y Roma, dos economías con fuerte interdependencia comercial pero con agendas fiscales divergentes. Asimismo, analistas subrayan que este tipo de fricciones puede influir en la negociación de nuevas reglas presupuestarias dentro de la Unión Europea, donde la coordinación fiscal sigue siendo un punto sensible.
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El debate llega tras la publicación en agosto de cifras que sitúan la deuda pública italiana en torno al 137 % del PIB, frente al 110 % de Francia. Este diferencial explica por qué Roma busca mecanismos de estímulo que alivien el peso sobre el sector productivo y, al mismo tiempo, sostengan la confianza de los inversionistas en los mercados financieros.
