El reciente impuesto digital del 2 por ciento propuesto en Aguascalientes incrementa la incertidumbre fiscal y crea riesgos palpables para la competitividad del ecosistema digital en México. La medida tuvo su génesis en reformas al Código Fiscal y a la Ley de Hacienda del estado con el objetivo explícito de gravar a las plataformas digitales que operan servicios de reparto y logística, generando descontento entre los actores del sector.
Desde la perspectiva de grupos empresariales como Alianza In México, la instrumentación del impuesto digital genera un trato fiscal inédito que no se replica en otras industrias logísticas con estructuras operativas comparables. Este enfoque segmentado ha sido interpretado como una distorsión de mercado que asigna cargas tributarias desiguales y puede erosionar la certidumbre jurídica básica para la planificación de inversiones en la entidad.
Impuesto digital y competitividad regional
El impuesto digital del 2 por ciento, calificado por sus críticos como aprovechamiento fiscal, podría impactar negativamente a microempresas, repartidores y comercios que dependen de las plataformas para ampliar su alcance comercial. Asimismo, las empresas agrupadas sostienen que esta medida distorsiona la competencia al no aplicar cargas equivalentes a operadores tradicionales que utilizan la misma infraestructura pública.
Además, organizaciones empresariales advierten que la implementación de este gravamen vulnera compromisos adquiridos por México bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). Según estas voces, un diseño tributario que no respete principios de neutralidad y equidad puede reducir el atractivo de Aguascalientes frente a otros estados que han consolidado marcos regulatorios más estables.
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