La disputa por el control de la infraestructura financiera europea
El Gobierno de Giorgia Meloni estudia recuperar el control de MTS, una plataforma estratégica para la negociación de deuda pública en Italia. La operación permitiría reforzar la supervisión nacional sobre un mercado especialmente sensible para las finanzas del país.
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), entidad financiera pública, sería la posible compradora del 63% que Euronext mantiene en MTS. La participación está valorada en aproximadamente 600 millones de euros, mientras que otros accionistas controlan el 37% restante. El precio representa uno de los principales obstáculos.
Las conversaciones coinciden con una iniciativa de la Unión Europea para centralizar la supervisión de los mercados paneuropeos bajo la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA).
La reforma permitiría a Euronext operar mediante una licencia única, conocida como PEMO, sin necesitar autorizaciones independientes en cada país.
Sin embargo, algunos sectores del Ejecutivo temen que esta modificación reduzca la capacidad nacional para supervisar MTS y afecte la liquidez de los bonos soberanos.
La preocupación resulta especialmente relevante porque la deuda pública supera el 130% del producto interior bruto.
MTS nació en 1988 para garantizar liquidez mediante la publicación continua de precios de compra y venta de bonos. Inicialmente participaron el Tesoro, el Banco de Italia y distintos intermediarios financieros.
Posteriormente, la plataforma pasó al grupo de la Bolsa de Londres y, en 2021, quedó bajo Euronext tras la adquisición de Borsa Italiana.
La compañía bursátil sostiene que MTS continúa siendo un activo estratégico y mantiene su compromiso con su desarrollo. Por su parte, CDP y la oficina de Meloni evitaron comentar las conversaciones.
El interés gubernamental también tiene antecedentes en las reservas expresadas sobre la fallida alianza entre Generali y Natixis Investment Managers.
CDP, dirigida por Dario Scannapieco, posee aproximadamente el 8% de Euronext. El directivo ha defendido anteriormente la necesidad de proteger la gobernanza de MTS por su importancia sistémica.
La eventual adquisición dependerá del acuerdo económico y del alcance definitivo de la nueva regulación europea.
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