El tráfico ilegal de jaguar ha escalado en México, pasando de una amenaza ambiental a un foco de tensión económica. Ganaderos del sur del país denuncian que sus pérdidas por ataques de estos felinos no solo permanecen sin indemnización, sino que también alimentan una economía ilícita. La extracción de piel, colmillos y otras partes del jaguar ha dado paso a un mercado negro de alto valor en el que la cadena de tráfico crece con rapidez y sin regulación.
La preocupación no es nueva, pero el aumento reciente de incidentes ha detonado una respuesta más articulada. Según organizaciones locales, al menos 13 ataques a ganado se han registrado en los últimos meses en zonas rurales de Quintana Roo, lo cual intensifica el conflicto entre el sector agropecuario y las estrategias de conservación.
El mercado negro de carne de jaguar genera presión sobre ganaderos
Este conflicto revela un desequilibrio estructural. Mientras el jaguar es una especie protegida, los productores pecuarios no cuentan con mecanismos eficientes de compensación. La ausencia de seguros ganaderos o programas efectivos de prevención eleva los costos operativos para las comunidades rurales, generando incentivos para tomar justicia por mano propia.
Por otro lado, el valor económico de las partes del jaguar, que pueden alcanzar precios elevados en mercados ilegales nacionales e internacionales, convierte cada ataque en un punto de entrada a circuitos de tráfico difícilmente rastreables. Esto complica los esfuerzos de fiscalización y eleva el riesgo de colusión entre actores locales y redes criminales.
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