El ecosistema de activos digitales en México ha iniciado una transformación irreversible. Tras años de operar en una zona gris regulatoria, los marcos legales están comenzando a estrechar el cerco sobre el sector cripto. La reciente decisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de fortalecer la supervisión de plataformas de intercambio y custodios refleja un cambio estructural hacia prácticas más institucionalizadas.
El gobierno mexicano se alinea con una tendencia global: dejar atrás la era de expansión desregulada y transitar hacia un entorno normativo que permita integrar a los criptoactivos en las finanzas formales. Países como Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Brasil han avanzado con marcos reguladores específicos para los exchanges. México aún se encuentra en una etapa de diseño, pero el viraje es claro.
Criptoactivos bajo mayor vigilancia financiera
El objetivo inmediato es claro: prevenir riesgos sistémicos, proteger al consumidor y evitar el uso ilícito de los criptoactivos. La Ley Fintech de 2018 fue un primer paso limitado. Hoy, el enfoque va más allá de las fintech para incluir a actores descentralizados, stablecoins y servicios de staking. En consecuencia, los jugadores tradicionales del mercado están ampliando su participación, mientras los proyectos sin estructura legal sólida comienzan a desaparecer.
Esta evolución normativa redefine los incentivos de los participantes. Las empresas más sólidas buscan cumplir con procesos de licenciamiento y auditorías para garantizar su permanencia en un ecosistema que aspira a ser parte de los mercados de capitales globales. Las que no logren adaptarse podrían quedar excluidas del sistema financiero en un escenario post-2026.
