En una decisión clave para la gobernabilidad local, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró infundada la acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley de Entrega-Recepción de Tamaulipas. El proyecto, promovido por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, avala la legalidad de los Comités de Enlace creados para facilitar el cambio de administración en los tres niveles de gobierno estatal.
¿Qué implica el Decreto 65-777?
El Decreto 65-777 reformó diversos artículos legales relacionados con la entrega-recepción de recursos públicos en Tamaulipas. Específicamente, introduce la figura del Comité de Enlace como una herramienta de planeación para los equipos entrantes, quienes podrán coordinarse con las autoridades salientes con hasta 60 días de anticipación al relevo.
Según Yasmín Esquivel Mossa, la función de estos comités es meramente organizativa: revisar documentación, conocer procesos administrativos y preparar informes. No están facultados para tomar decisiones ni interferir en la operación de los servidores públicos en funciones.
Una transición transparente y ordenada
Contrario a lo que alegaban los promoventes de la acción de inconstitucionalidad —quienes sostenían que estos comités podrían entorpecer o vulnerar las funciones de las autoridades en funciones—, la ministra dejó claro que sus atribuciones son acotadas y temporales.
Además, enfatizó que las actividades de los Comités de Enlace deben desarrollarse sin obstaculizar el trabajo diario del personal público y dentro del horario laboral habitual.
Un precedente jurídico que moderniza procesos
El fallo de la SCJN a favor del Decreto 65-777 no sólo refuerza la validez jurídica de estas reformas en Tamaulipas, sino que también sienta las bases para replicar este modelo en otras entidades federativas. El orden administrativo, la transparencia y la planeación anticipada son principios que se ven fortalecidos con este tipo de medidas, que contribuyen a una democracia funcional.
