La Secretaría de Economía de México estableció una nueva regulación para mejorar la calidad del cemento comercializado en el país y combatir la competencia desleal que afecta a la industria de la construcción. La medida busca impedir que materiales sin las características técnicas necesarias lleguen a viviendas, edificios y proyectos de infraestructura.
La disposición, identificada como NOM-EM-023-SE-2026, fue publicada el 2 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación. Establece requisitos de calidad, métodos de prueba e información comercial para el cemento hidráulico fabricado, importado o vendido en territorio mexicano.
De acuerdo con estimaciones de la industria recogidas por las autoridades, el mercado informal comercializa al menos 576 mil toneladas de cemento al año. La afectación económica podría alcanzar aproximadamente 5 mil 800 millones de pesos anuales al considerar también la participación de productos importados.
Nuevas reglas buscan garantizar la calidad del cemento
La regulación establece pruebas técnicas para evaluar características como la resistencia a la compresión, el tiempo de fraguado y la estabilidad del material. También contempla procedimientos de certificación e información comercial que permitan identificar los productos.
Estas medidas buscan reducir los riesgos asociados con el uso de cemento de baja calidad, que puede comprometer la resistencia de las construcciones y generar problemas de seguridad para sus ocupantes.
La normativa incluye a fabricantes, importadores y comercializadores. Sin embargo, aunque entró en vigor el 3 de noviembre, sus requisitos serán exigibles cuando existan suficientes organismos acreditados y aprobados para verificar su cumplimiento, conforme a lo previsto en sus disposiciones transitorias.
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La industria cementera enfrenta cambios en el mercado
Uno de los principales objetivos de la Secretaría de Economía es reducir la presencia de productos comercializados fuera del marco regulatorio, que pueden ofrecerse a precios artificialmente bajos y afectar a las empresas que cumplen los estándares de calidad.
Para el sector empresarial, las nuevas disposiciones implican revisar los procesos de producción, certificación y distribución. También podrían fortalecer la confianza de compradores y desarrolladores inmobiliarios al establecer criterios uniformes para evaluar el cemento; La norma de emergencia tendrá una vigencia máxima inicial de seis meses, con posibilidad de una prórroga por otro periodo equivalente.
