La expansión del alquiler temporal en Ecuador elevó el interés del Servicio de Rentas Internas sobre quienes generan ingresos mediante plataformas digitales de hospedaje. El modelo impulsado por Airbnb y Booking ya forma parte de la economía turística local y también del radar tributario estatal.
El SRI considera esta actividad como prestación formal de servicios de alojamiento. Por esa razón, los anfitriones deben registrar correctamente su actividad económica en el RUC y emitir comprobantes autorizados por cada operación realizada. Además, la autoridad tributaria exige declarar los ingresos obtenidos y cumplir con obligaciones relacionadas con IVA e Impuesto a la Renta.
Airbnb y obligaciones tributarias en Ecuador
La normativa ecuatoriana establece diferencias según el régimen tributario del contribuyente. Los negocios populares pueden emitir notas de venta, mientras los contribuyentes del régimen emprendedor y general deben utilizar facturación electrónica. Asimismo, el tratamiento del IVA depende de si el huésped es nacional o extranjero y de si el anfitrión posee Registro Nacional de Turismo y Licencia Única Anual de Funcionamiento.
También existe vigilancia sobre operaciones realizadas mediante tarjetas de crédito y plataformas digitales. En consecuencia, el SRI puede identificar movimientos asociados con actividades de hospedaje informal. El organismo busca reducir la evasión y ampliar el control sobre servicios digitales vinculados al turismo.
Otra lectura recomendada: Canasta básica acelera presión inflacionaria sobre hogares mexicanos
Ecuador fortalece fiscalización digital
El crecimiento del alojamiento temporal coincide con una mayor digitalización tributaria en Ecuador. El SRI mantiene procesos automatizados para detectar inconsistencias entre ingresos reportados y transacciones electrónicas relacionadas con hospedaje turístico.
Además, el sector turístico ecuatoriano registró una recuperación sostenida durante 2025 y comienzos de 2026, impulsando nuevamente la oferta de alquileres de corta estancia en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca. Ese incremento también elevó el número de contribuyentes obligados a regularizar su situación fiscal ante la administración tributaria.











