La estrategia de inversión pública en Nueva York entra en una fase crítica. El Comité de Revisión de Fondos del Estado ha encendido una nueva discusión sobre la inclusión de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en la evaluación de los fondos que manejan recursos públicos. Este giro, impulsado por legisladores y reguladores, plantea implicaciones significativas para los actores del sistema financiero estadounidense.
Durante la más reciente revisión trimestral, realizada en Albany a fines de noviembre, el foco se centró en cómo los fondos públicos particularmente aquellos vinculados a pensiones y jubilaciones estatales están alineando sus carteras con estándares de sostenibilidad. Si bien algunos representantes argumentan que integrar factores ESG protege las inversiones frente a riesgos sistémicos y climáticos, otros advierten que esto podría politizar decisiones que deben ser guiadas exclusivamente por criterios financieros.
Tensión entre sostenibilidad y rendimiento financiero
La división también se evidencia entre las gestoras de fondos. Firmas como BlackRock y Vanguard han ajustado su narrativa para responder a legisladores críticos de las estrategias ESG, incluso cuando continúan ofreciendo productos sostenibles. En Nueva York, los administradores de fondos públicos enfrentan ahora mayores exigencias de transparencia sobre cómo consideran los factores ESG y cómo estos influyen en su rentabilidad.
En paralelo, se analiza si los fondos que no aplican criterios sostenibles deben quedar excluidos de las listas de inversión autorizada. Esta posible medida ha generado resistencia en sectores conservadores que la interpretan como una forma de discriminación financiera.
Actualmente, el sistema de pensiones de Nueva York gestiona activos por más de 250.000 millones de dólares, de los cuales una parte creciente se canaliza hacia fondos que cumplen con estándares de sostenibilidad internacionales.
