La reciente reforma impulsada por el Senado de México en materia de vapeo ha generado una creciente preocupación entre analistas, empresarios y organizaciones de salud. El nuevo marco normativo no solo prohíbe la comercialización de sistemas alternativos de nicotina, sino que, paradójicamente, consolida un mercado dominado por estructuras criminales que operan sin fiscalización ni regulación efectiva.
En lugar de mitigar riesgos para la salud pública, la reforma fortalece la presencia de productos ilegales que no cumplen estándares mínimos de seguridad. Con la industria formal excluida del ecosistema regulatorio, el vacío es rápidamente ocupado por grupos delictivos que ya controlan una parte significativa de la distribución nacional. A esto se suma la inacción de las autoridades frente a un comercio clandestino en expansión, lo cual eleva la percepción de riesgo entre inversionistas del sector.
Impacto económico de la regulación del vapeo
Además, las asociaciones civiles han advertido que el marco legal vigente contraviene recomendaciones internacionales que promueven una regulación diferenciada para dispositivos de menor riesgo. Esto podría comprometer los compromisos internacionales del país en materia de salud y comercio. Del mismo modo, el desbalance normativo coloca a México en una posición atípica frente a mercados emergentes donde la regulación del vapeo ha evolucionado hacia esquemas de control sanitario con bases científicas.
Conforme al informe más reciente de México Unido Contra la Delincuencia, se estima que 85% de los productos de vapeo en circulación actualmente proviene del mercado ilícito. Esta cifra, correspondiente a agosto de 2025, refleja el fracaso regulatorio y anticipa un entorno de mayor dificultad para aplicar controles efectivos en el corto plazo.
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