La disputa regulatoria más relevante en Estados Unidos avanza con un giro que redefine las competencias entre Washington y los gobiernos estatales, mientras la regulación de IA se convierte en el eje de una pugna política y económica. El debate revela un desacuerdo estructural sobre quién debe supervisar una tecnología que impacta seguridad, mercados y consumidores.
Los estados aprobaron más de cien leyes vinculadas con inteligencia artificial este año, impulsadas por riesgos asociados a fraude, manipulación digital y uso gubernamental. Además, California y Texas encabezaron iniciativas que buscan limitar daños derivados de modelos avanzados, lo que generó resistencia de empresas tecnológicas que rechazan un mosaico normativo difícil de cumplir.
Tensión federal y competencia por la regulación de IA
La Cámara de Representantes evalúa incluir en el National Defense Authorization Act una cláusula que impediría a los estados aprobar regulaciones propias. Por otro lado, un borrador de orden ejecutiva filtrada sugiere que la Casa Blanca consideró crear un grupo litigioso para desafiar leyes estatales y reforzar un estándar nacional.
Asimismo, actores de la industria impulsan una estrategia de preempción total. Varias organizaciones políticas financiadas por empresas de IA respaldan candidatos dispuestos a limitar la autoridad estatal. También argumentan que las leyes locales generan incertidumbre operativa y frenan la competitividad frente a China.
Estados, Congreso y el futuro de un marco federal de regulación
Legisladores estatales sostienen que el Congreso avanza a un ritmo más lento que los desafíos tecnológicos. De igual manera, recuerdan que la aprobación de un proyecto federal integral podría tardar meses debido al tamaño del paquete multipartidista que incluiría transparencia, sanciones por fraude, protección infantil y evaluación de modelos avanzados. La industria reconoce que un estándar nacional otorgaría claridad, aunque busca mantener una supervisión limitada.
Los estados adoptaron más de cien leyes sobre IA durante 2025, lo que evidencia su capacidad para responder con mayor rapidez que el Congreso.
