El marco legal que regirá las obras públicas en México adquirió un nuevo impulso con la reciente Ley de Infraestructura, la cual refuerza los mecanismos para atraer capital al sector de la construcción. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) considera que esta medida permitirá ampliar la participación privada y garantizar proyectos de mayor escala, alineados con las necesidades de competitividad del país.
La norma establece parámetros más claros para la asignación de recursos y la ejecución de proyectos estratégicos, lo que genera certidumbre jurídica a inversionistas nacionales y extranjeros. Además, su aplicación busca acelerar procesos de licitación y mejorar la planeación de obras de alto impacto económico y social, un factor clave en la dinámica del mercado.
Construcción como motor de inversión
El sector de la construcción en México se perfila como un catalizador de empleo y desarrollo regional. De acuerdo con la CMIC, la nueva ley abre oportunidades para canalizar financiamiento privado hacia infraestructura de transporte, energía y vivienda, áreas que concentran una demanda creciente. Asimismo, la iniciativa genera condiciones más atractivas para los fondos institucionales que evalúan el mercado mexicano.
La actualización regulatoria también plantea beneficios en eficiencia y transparencia. Con reglas más estrictas en la supervisión de contratos, se busca reducir riesgos financieros y fortalecer la confianza de los inversionistas. Por otro lado, el sector estima que la simplificación de trámites incrementará la velocidad de ejecución de obras, un punto crítico para mantener la competitividad frente a otras economías emergentes.
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En agosto de 2025, la CMIC informó que los proyectos de infraestructura pública y privada representaron cerca del 7.2 % del PIB mexicano, una proporción que consolida al sector como eje de crecimiento económico.
