Fue aprobada en lo general este martes por el pleno de la Cámara de Diputados, y con respaldo de las bancadas de Morena, el Partido del Trabajo y Encuentro Social, con 304 votos a favor, la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo Federal que reforma la Ley de la Industria Eléctrica para priorizar el despacho de energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En contra se registraron 179 votos del PRI, PAN, PRD y MC y del Partido Verde. Éste último, aliado de Morena en la presente legislatura, adujo que la propuesta va en contra del fomento de las energías limpias. Además, se registraron cuatro abstenciones.
Aunque el dictamen se avaló en lo general, sólo fue aprobado el “encabezado” de dicho documento, el nombre de la Comisión, el apartado de firmas de los integrantes, así como el lugar y fecha, explicó la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, ya que las 412 reservas a los artículos presentadas abarcan todos los artículos de la ley, e incluso las consideraciones presentadas por la Comisión legislativa, algo inédito en un proceso parlamentario.
Debido a la gran cantidad de reservas, la votación en lo particular podría extenderse hasta la madrugada.
En una asistencia histórica en la Cámara de Diputados, en la sesión del Pleno estaban presentes -de manera presencial y en la modalidad a distancia por medio de la plataforma Zoom- 495 legisladores, faltando sólo tres diputados para un quórum total.
Tal asistencia es la mayor que se haya registrado en el debate de cualquier otra norma o reforma constitucional. No obstante, al momento de la votación sólo participaron 486 diputados.
Al momento en que el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez González (Morena), subió a tribuna para presentar el dictamen, más de 50 morenistas y petistas lo acompañaron con pancartas en apoyo a la propuesta.
“Los cambios propuestos al marco normativo de ninguna manera implican la concesión de un trato preferencial a la CFE en detrimento de los competidores privados del mercado eléctrico mayorista, que en 2020 tuvieron una participación del 60.6 por ciento y así continuará”, explicó.
Por tanto, agregó, “es falso que tenga la intención de impedir la libre competencia. El fondo de la iniciativa es recuperar la función rectora y de planeación del Estado en un área estratégica como la eléctrica, para garantizar la seguridad energética y la seguridad nacional”.
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