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Por caso Odebrecht, pide FGR 39 años de prisión para Emilio Lozoya

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México 5 enero._ Por corrupción relacionada a Odebrecht, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió hasta 39 años de prisión para Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex.

Lozoya, quien fue extraditado desde España a mediados de 2020, es acusado de haber solicitado dinero a cambio de contratos a Odebrecht para la campaña que llevó a Enrique Peña Nieto a la presidencia del país entre 2012 y 2018.

La FGR acusó formalmente a Lozoya, líder de Pemex entre 2012 y 2016, por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho que, juntos, suman penas de hasta 39 años de cárcel.

Sobornos

En la acusación, la FGR asegura que Lozoya recibió más de nueve millones de dólares en sobornos de Odebrecht. Ese dinero lo ocultó en empresas fachada y propiedades en colusión con su madre y otros familiares. A cambio de este dinero, la constructora brasileña se vio favorecida con contratos durante la gestión de Peña. Mismos que fueron entregados sin que tuviera que competir en licitaciones.

La pena es únicamente por la investigación relacionada a Odebrecht. Además, el exfuncionario es señalado por ordenar la compra en 2013, con sobreprecio, de una planta de fertilizantes, mientras estuvo al frente de la petrolera estatal.

Hasta fines del año pasado, Lozoya había enfrentado su proceso en libertad. Pero fue puesto tras las rejas luego de que fueran divulgadas fotos de él mientras cenaba con amigos en un lujoso restaurante en uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México, lo que provocó indignación.

Pieza clave

El exdirectivo, quien se declaró inocente ante un juez, se ha convertido en una pieza clave en los esfuerzos del presidente Andrés Manuel López Obrador para exponer la corrupción que privó en el país durante los gobiernos anteriores.

Su caso ha generado un fuerte revuelo en México. En sus testimonios, Lozoya ha acusado tanto a Peña como a otros expresidentes, así como una decena de exfuncionarios de aceptar sobornos, recibir pagos ilícitos y otros actos de corrupción.

Fuente: El Economista

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