El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, tanto en lo general como en lo particular, la reforma a la Ley Antilavado, que modifica la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), así como el Código Penal Federal.
La sesión se llevó a cabo en medio de una discusión apresurada y con acusaciones por parte de la oposición, que señaló un exceso de regulación, riesgos para las libertades individuales y falta de claridad en algunos alcances de la iniciativa.
“La ampliación de obligaciones a nuevos sectores, como desarrolladores inmobiliarios, proveedores de activos virtuales y profesionales jurídicos podría propiciar un entorno de incertidumbre, especialmente para las pymes… imponerles nuevas cargas, sin un periodo de adaptación, ni programas de capacitación podría llevarles a la informalidad o a la parálisis”, aseveró el panista César Augusto Rendón.
Otro tema que causó es la adhesión y definición del concepto de “persona políticamente expuesta”. De acuerdo con la reforma, este concepto se refiere a la persona física que desempeña o ha desempeñado funciones públicas en territorio nacional o en un país extranjero, así como a las personas relacionadas con ellas que cumplan con las condiciones y características que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establezca en reglas o disposiciones de carácter general
