Funcionarios del Grupo de las 20 principales economías del mundo (G-20) dijeron el miércoles que acordaron un enfoque coordinado para la suspensión de los pagos del servicio de la deuda para los países más pobres del mundo, a partir del 1 de mayo hasta el final del año.
La decisión de suspender tanto los reembolsos de capital como los pagos de intereses beneficia a todos los países de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), que actualmente están en servicio de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Además, accederán todos los países menos desarrollados, según lo definido por Naciones Unidas, y que actualmente tienen obligaciones de deuda con el FMI y el Banco Mundial.
La medida es parte de los esfuerzos para proporcionar un estímulo a la economía mundial, en medio del brote del nuevo coronavirus, que está empujando a la economía mundial a la peor recesión desde la Gran Depresión de la década de 1930.
“Acordamos un enfoque coordinado con una hoja de términos comunes que proporcione las características clave para esta iniciativa de suspensión del servicio de la deuda, que también acordó el Club de París”, dijo el G-20 en un comunicado conjunto.
Los dirigentes del G-20 también pidieron a los acreedores privados que participen en la iniciativa “en términos comparables”.
Líderes del FMI y Banco Mundial elogian iniciativa de G-20
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y el jefe del Banco Mundial, David Malpass, elogiaron el miércoles un nuevo acuerdo de reducción de deuda del grupo de economías ricas del G-20 que suspende los pagos de deuda de los países más pobres.
Una declaración luego de una reunión de ministros y gobernadores de Finanzas del G-20 indicó que habría una suspensión de pagos de los países más vulnerables. Una fuente en el evento indicó previamente que la medida estaría sujeta a un plazo del 31 de mayo al 31 de diciembre, con la alternativa de renovarla en el 2021.
En declaraciones a los líderes del G-20, Georgieva dijo que el FMI buscaría con urgencia unos 18,000 millones de dólares en nuevos recursos para un fondo de reducción de la pobreza.
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