Las ciberamenazas pueden tener un impacto significativo en las finanzas y la reputación de las Family Offices, así como en la seguridad de la propia familia. Sin embargo, existen acciones que estas empresas pueden considerar implementar para prevenir, detectar y responder a los incidentes cibernéticos, destaca Rodrigo Besoy Sánchez.
Las estadísticas indican que las Family Offices son víctimas cada vez más frecuentes de ciberataques, desde la extorsión y el fraude hasta las amenazas físicas cibernéticas. Según una encuesta del Deloitte Center for Controllership durante los últimos 12 meses, el 34,5% de los ejecutivos afirmaron que los datos contables y financieros de sus organizaciones fueron blanco de ciberdelincuentes.
Dentro de ese grupo, el 22% experimentó al menos un ciberataque de este tipo y el 12,5% más de uno, mientras que casi la mitad de los directivos de alto nivel y otros ejecutivos esperan que el número y el tamaño de los ciberataques dirigidos a los datos contables y financieros de sus organizaciones aumenten en el próximo año.
La ciberdelincuencia está creciendo exponencialmente. Según Cybersecurity Ventures, se prevé que el coste de la ciberdelincuencia alcance los 8 billones de dólares en 2023 y crezca hasta los 10,5 billones en 2025.
“Es crucial que tanto las Family Office como sus integrantes y el gobierno tomen conciencia de las implicaciones de las herramientas emergentes de amenazas cibernéticas, como la IA y el ML, y tomen medidas para fortalecerse contra los ataques”, resalta el especialista en inversiones.
Una de las formas de extorsión más comunes hacia estas empresas incluye el ransomware, un software malicioso que codifica los archivos permitiendo a los atacantes extorsionar a las víctimas con la amenaza de hacer públicos los datos robados.
Pero también, existe un auge del secuestro de redes sociales, en donde los ciberdelincuentes toman el control temporal de la cuenta de una persona de alto perfil y pueden publicar información falsa en un intento de dañar su reputación o afectar a los precios de las acciones de cualquier entidad cotizada vinculada a la víctima.
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