Sector privado en Cuba impulsa nuevas actividades económicas
Cuba dio un nuevo paso en la transformación de su modelo económico con la apertura de nuevas actividades al sector privado, una decisión que amplía las oportunidades de inversión en áreas que hasta ahora permanecían bajo control estatal. La medida marca un cambio relevante para la isla y refleja el interés del gobierno por impulsar la actividad económica en un contexto de fuerte presión financiera y restricciones externas.
La decisión surge después de que el Parlamento cubano aprobara un paquete de 176 medidas enfocadas en fortalecer el funcionamiento de la economía. Además, las nuevas reglas reducen de forma significativa el número de actividades prohibidas para las empresas privadas y amplían el margen de acción para emprendedores y pequeñas compañías.
Las nuevas disposiciones permiten la participación privada en gasolineras, farmacias, servicios ópticos, residencias para adultos mayores, terminales de pasajeros y carga, instalaciones portuarias, importación de vehículos, proyectos de energías renovables y determinadas operaciones petroleras y mineras bajo condiciones específicas.
Asimismo, las autoridades informaron que más de 15,000 pequeñas y medianas empresas ya cuentan con autorización para operar en Cuba, una cifra que refleja la aceleración del proceso iniciado en 2021. El objetivo es ampliar la actividad productiva y generar nuevas alternativas para la economía nacional.
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La apertura no modifica el control gubernamental sobre áreas consideradas estratégicas. La atención médica continuará siendo responsabilidad del Estado mediante un sistema hospitalario gratuito. Del mismo modo, la educación seguirá bajo administración pública, aunque se permitirá la participación privada en guarderías, clases de idiomas y tutorías.
También permanecerán bajo control estatal los medios de comunicación, las telecomunicaciones, la seguridad y otros sectores estratégicos. Estas medidas llegan mientras Cuba enfrenta una profunda crisis económica agravada por nuevas sanciones de Estados Unidos y por el endurecimiento de la política de presión impulsada por la administración de Donald Trump.
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